Este proceso se da, por la presunta perdida de 70 mil millones de pesos, la cual, fue entregada por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) al contratista Unión Temporal Centros Poblados, está seria destinada como anticipo para llevar internet a 7 mil colegios públicos rurales en todo el país.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Sin embargo, la entidad contratada no habría cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, entregando garantías bancarias falsas para respaldar la ejecución del contrato.
Es por esto por lo que, el ente de control vinculó en el proceso a los funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (FUNTIC), identificados como Adriana Meza, representante legal; Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual, y Camilo Jiménez Santofimio, supervisor del contrato.
Todo este proceso de investigación serda dirigido contra las cuatro empresas que hacen parte de Centros Poblados:
- Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, representada por Carlos Enrique Paramo Samper
- ICM Ingenieros S. A. A., representada por Jeremías Olmedo Cabrera;
- Intec de la Costa, representada por Hugo Armando Canabal Hoyos;
- Omega Bulding Constructora S. A. S., representada por Juan Sebastián Vergara Ortega.
- Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la unión temporal.
Adicional a esto, La Contraloría, también, ordenó el rastreo de bienes y cuentas bancarias de todos los investigados y De manera paralela, se ordenaron medidas cautelares que incluyen el rastreo de bienes y cuentas bancarias de todos los implicados.
Finalmente, La Contraloría busca establecer qué pasó con el anticipo, por más de 70.000 millones de pesos, mientras que la Fiscalía indaga la falsedad en las garantías bancarias que respaldaron el contrato, por 1,07 billones de pesos.
Por: Nataly Rodríguez