El impuesto solidario es uno de los mecanismos que ha desarrollado el Gobierno Nacional en los últimos meses, debido a la emergencia sanitaria. Sin embargo, este decreto se ha querido dejar sin efecto por parte de algunos magistrados y funcionarios públicos que se verían afectados.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Cabe resaltar que, el decreto habla de que los funcionarios públicos, contratistas del Estado y pensionados que reciben más de 10 millones de pesos, a partir del mes de marzo se les descontará ente el 10 al 20% del salario o de las pensiones. Esta cifra sería aproximadamente de 287 millones de pesos del Fondo Fome, que fue creado para atender necesidades durante la pandemia.
Ante esta normativa, el magistrado Carlos Bernal, presentó una ponencia donde propone el valor del impuesto con algunos cambios y condiciones, pero este jurista y su decisión ha sido criticada por funcionarios de la Rama Judicial.
Por otra parte, la Sala Plena de la Corte encontró que ninguno de estos magistrados podría ser excluído de la toma de decisiones que tiene que hacer el alto tribunal, sin importar que se encuentren en desacuerdo con la decisión del magistrado Carlos Bernal, ya que en mayo, cuando se hizo vigente el decreto, se les descontó una suma de $7’200.000 de sus sueldos, y la sala plena rechazó este impedimento. También afirmó que no se trataba de un impuesto dirigido únicamente hacia los magistrados sino también a los funcionarios públicos.
Por esto, la Sala Plena de la Corte establece una norma jurídica de alcance general, donde se evidencia que no solamente se afecta a los funcionarios públicos que ganan más de 10 millones de pesos, sino que también a los magistrados, estén o no en contra de esta decisión.
Es por esto que, la Corte Constitucional ha revisado si avala o no el impuesto solidario, así como fuentes del alto tribunal aseguran que esta corte sigue dividida frente a este tributo y que se podría encontrar con una unión de magistrados a favor de tumbar esta decisión.
Sin embargo, si la Corte Constitucional no toma una decisión antes del viernes 7 de agosto, el estudio realizado por el magistrado Carlos Bernal, será entregado a otro magistrado, ya que a partir de esa fecha Bernal deberá abandonar su puesto de trabajo debido a que en días anteriores presentó su renuncia por cuestiones personales y se encontrará activo hasta entonces.
Por: Nataly Rodríguez.