La petición, conocida en primicia por WRadio y anunciada en su emisión de la mañana del día de hoy, la hace un grupo de empresas nacionales de renombre, a través de una carta enviada a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, exigiendo la suspensión del proceso.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Según los demandantes, el proceso de contratación está hecho a la medida de la empresa Thomas Greg And Sons, compañía encargada de la ejecución de todos los contratos de la Registraduría desde 2009, señalando 3 aspectos claves que la benefician; primero, piden un Software que solo tendría Thomas Greg And Sons, segundo, el tiempo que dio la Registraduría es extremadamente corto para intentar obtener o crear un software similar para que puedan participar y tercero, en los pliegos piden experiencia en las anteriores elecciones presidenciales, lo cuál invalida de participar a los otros interesados.
Adicionalmente, dentro de las principales molestias de los otros interesados en el contrato, con un valor de 1.2 billones de pesos, está la necesidad de la Registraduría de contratar todos los servicios en un mismo paquete; logística, tecnología, informática y organización para las próximas elecciones del 2022.
No obstante, algunas empresas aseguran que tienen bastante experiencia en logística pero no cuentan con experiencia en tecnología, lo cuál les impide participar y generar una participación masiva en el proceso de contratación.
Por otra parte, no es la primera ves que otros interesados exigen cambios en el proceso, desde el 18 de agosto de este año múltiples interesados en el proceso solicitaron a la Gerente Administrativa de la Registraduría, Sabrina Cajiao Cabrera, cambiar la modalidad de contratación y hacer una licitación pública que les permitiera competir, pero la solicitud fue negada.
Para finalizar, no se tiene claro si las elecciones del 2022 tendrán las reglas del Código Electoral del 86 o el aprobado a finales de 2020, puesto que, la denuncia se suma a las dudas generadas por la falta de pronunciamiento de parte de la Corte Constitucional, quien no ha emitido un fallo sobre la asequibilidad o no de la reciente reforma al Código Electoral, aprobado por el congreso el pasado diciembre y que incluye la auditoría a los software de la Registraduría, de parte de los partidos políticos y que debería iniciar este mes.
Por: Sebastián Acosta